La Oficina del Contralor publica un informe para mejorar la fijación de tarifas de basura en San Francisco en base a los hallazgos de la investigación de integridad pública

El contralor Ben Rosenfield anunció hoy la publicación de un informe de evaluación preliminar para mejorar el proceso de fijación de tarifas para la recolección de basura en San Francisco. Este informe surge tras el anuncio del Fiscal de la Ciudad el 4 de marzo de un acuerdo de más de $100 millones con Recology, la empresa de gestión de residuos que brinda servicios a clientes residenciales y comerciales en San Francisco, luego de que las investigaciones revelaran que la empresa había cobrado de más a los clientes durante más de tres años.

Nuestra evaluación se centró en parte en el papel del exdirector de Obras Públicas Mohammed Nuru en el proceso de fijación y ajuste de tarifas de Recology. La declaración jurada del FBI presentada en noviembre de 2020 alega que durante varios años, el exgerente de relaciones comunitarias y gubernamentales del grupo de Recology, Paul Giusti, sobornó al Sr. Nuru y ocultó los sobornos como donaciones caritativas a organizaciones sin fines de lucro a cambio de que Nuru influyera y aprobara las solicitudes de Recology. Luego, Recology proporcionó continuamente beneficios a Nuru, su familia y Obras Públicas de San Francisco (Obras Públicas), por un total de más de $1 millón (ya sea directamente o a través de organizaciones sin fines de lucro), para influir y recompensar la cooperación de Nuru con sus solicitudes de aumentos de tarifas de recolección de basura residencial, financiación y otras cuestiones relacionadas con los contratos y aprobaciones de la ciudad. Durante seis años, estos beneficios supuestamente incluyeron contribuciones anuales a la fiesta navideña de Obras Públicas y otros eventos de empleados disfrazados de donaciones caritativas, un trabajo y una pasantía para el hijo de Nuru y el pago de los gastos funerarios de un empleado de Obras Públicas.

Aunque Nuru tenía la responsabilidad de hacer recomendaciones sobre los ajustes de tarifas y de garantizar que el proceso de fijación de tarifas para la recolección de basura fuera justo para los clientes, otras partes interesadas (entre ellas, la Junta de Tarifas de Recolección y Disposición de Residuos, el Departamento de Medio Ambiente, otros funcionarios de Obras Públicas, el defensor del contribuyente y el público) también participaron en el proceso de ajuste de tarifas. Por ello, nuestra evaluación examinó cómo todos los participantes de la ciudad que participaron en la fijación de tarifas podrían haber tenido una mejor supervisión y codificación de funciones en los pasos de toma de decisiones. Ahora, mientras la ciudad se prepara para implementar una nueva estructura de dos comisiones aprobada por los votantes para Obras Públicas y el nuevo Departamento de Saneamiento y Calles, será imperativo establecer mejores controles para proteger a los clientes de errores, omisiones y variaciones evitables en los precios de las tarifas.

“Los problemas recientes que han salido a la luz durante nuestra investigación con el Fiscal de la Ciudad no tienen tanto que ver con una serie de errores y traspiés individuales, sino con problemas más fundamentales relacionados con el proceso en sí”, dijo el Contralor Ben Rosenfield. “Un proceso más transparente, una supervisión reforzada y funciones establecidas que eviten los conflictos de intereses serían de mayor utilidad para los residentes de San Francisco en el futuro”.

“San Francisco es un lugar muy diferente de lo que era en 1932. Nuestro enfoque en la recolección de basura y la aprobación de aumentos de tarifas debe reflejar eso”, dijo el abogado de la ciudad Dennis Herrera. “Quiero agradecer al contralor Ben Rosenfield y a su equipo por su revisión integral de cómo mejorar el sistema, y espero que el alcalde, la Junta de Supervisores y los votantes implementen estas reformas. Lo que sucedió bajo el gobierno de Mohammed Nuru no debe volver a suceder”.

El informe publicado hoy sugiere cómo la Ciudad puede mejorar el proceso de fijación de tarifas de basura, incluso agregando salvaguardas y considerando otras formas de fijar tarifas, para hacer que el proceso sea más transparente y garantizar que funcione según lo diseñado.

La Fiscalía de la Ciudad continúa liderando la investigación de San Francisco sobre presuntas irregularidades cometidas por empleados y contratistas actuales y anteriores de la ciudad. Gran parte de la conducta se describe en cargos penales presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos contra:

• Mohammed Nuru , ex director de Obras Públicas
• Nick Bovis , propietario de Lefty's Grill and Buffet en Fisherman's Wharf
• Sandra Zúniga , exdirectora de la Oficina de Servicios Vecinales de la Alcaldía
• Florence Kong , ex comisionada de la Comisión de Derechos de los Inmigrantes
• Balmore Hernández, director ejecutivo de Azul Works, Inc., una empresa de ingeniería con grandes contratos en la ciudad
• Wing Lok “Walter” Wong , tramitador de permisos afiliado a varias entidades que hacen negocios con la ciudad
• Alan Varela y William Gilmartin III , funcionarios de ProVen Management, Inc.
• Paul Giusti , exgerente de relaciones comunitarias y gobierno grupal de Recology
• Harlan Kelly, Jr. , ex gerente general de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco

El 13 de julio de 2020, el Fiscal de la Ciudad inició un proceso de inhabilitación contra Azul Works, Inc. y Balmore Hernandez y emitió órdenes de suspensión contra varias personas y sus empresas. La lista de estos proveedores y vendedores está disponible públicamente en el sitio web del Contralor y se actualiza según sea necesario.

El Sr. Bovis y el Sr. Wong se han declarado culpables de conspirar para defraudar a la ciudad mediante sobornos y comisiones ilegales. Wong admitió haber conspirado con Nuru y otros funcionarios municipales anónimos desde 2004. Ambos están cooperando ahora con la investigación federal en curso. Además, el Sr. Hernández se ha declarado culpable y cooperará con las autoridades, y la Sra. Zúniga se ha declarado culpable de conspirar para cometer lavado de dinero. La Sra. Kong se ha declarado culpable de proporcionar sobornos a Nuru y fue condenada a un año de prisión en febrero de 2021.

¿Qué pasa después?

Nuestra Revisión de Integridad Pública de las políticas y procedimientos inadecuados que fueron expuestos por los cargos penales federales contra el Sr. Nuru y otros empleados y contratistas de la ciudad continuará, con futuras evaluaciones sobre los informes de ética de toda la ciudad, los procesos de inspección y permisos del Departamento de Inspección de Edificios y la contratación en la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco. En los próximos meses, continuaremos publicando cada informe de evaluación a medida que esté terminado y es posible que agreguemos temas a medida que avance la investigación.

Consejos

Los investigadores de la Oficina del Contralor consideran todas las denuncias de irregularidades planteadas por empleados de la ciudad y miembros del público. Para denunciar presuntos abusos a la integridad pública relacionados específicamente con la investigación de Nuru, comuníquese con la Línea de denuncia de integridad pública. Puede proporcionar información por correo electrónico a publicintegrity@sfgov.org o por teléfono al (415) 554-7657. Todas las denuncias pueden enviarse de forma anónima y se mantendrán confidenciales. Las denuncias a esta línea de denuncia, así como las denuncias a la línea directa de denuncia de irregularidades del Contralor, son fundamentales para la capacidad de la Ciudad de luchar contra los abusos y las faltas de integridad pública por parte de los empleados y contratistas de la ciudad. Como lo establece la Carta de San Francisco, la Oficina del Contralor se asegura de que las denuncias sean investigadas por departamentos con la jurisdicción adecuada e independencia de la presunta irregularidad.

La información sobre los pagos de la ciudad, que se puede buscar por departamento y proveedor, está disponible en el sitio web de transparencia pública del Contralor en openbook.sfgov.org . Cualquier persona puede presentar cualquier denuncia de actividad pública indebida o ilegal ante el Programa de Denunciantes de la Ciudad . Ese programa, administrado por la Oficina del Contralor, a menudo colabora con la Oficina del Fiscal de la Ciudad en las investigaciones.