PRESS RELEASE
La Oficina del Contralor publica un informe de seguimiento sobre la integridad pública del proceso de fijación de tarifas de Recology
Junto con la Oficina del Fiscal de la Ciudad, la Oficina del Contralor hace recomendaciones para abordar el proceso de fijación de tarifas de basura basándose en revisiones adicionales y reuniones con Recology.
El contralor Ben Rosenfield ha publicado un informe de evaluación de integridad pública sobre la revisión de los procesos de fijación de tarifas y presentación de informes de tarifas, y las ganancias obtenidas por Recology (una empresa privada de gestión de residuos que proporciona servicios de recolección de residuos a clientes residenciales y comerciales) que superaron los márgenes de ganancia objetivo establecidos. Nuestra evaluación determinó que Recology obtuvo ganancias netas de $23,4 millones por encima del margen de ganancia objetivo establecido en la solicitud de tarifas de 2017. Incluso después de tener en cuenta el acuerdo de $101 millones de 2021 del Fiscal de la Ciudad en restitución, sanciones e intereses a los contribuyentes afectados por el cálculo erróneo de los ingresos en la solicitud de tarifas, Recology obtuvo constantemente ganancias netas por encima de los objetivos de margen de ganancia establecidos por las órdenes de tarifas de la Ciudad.
En resumen, identificamos las siguientes preocupaciones clave:
- Para fijar tarifas justas y razonables para los clientes, así como una ganancia justa para Recology, Obras Públicas aplica una fórmula de fijación de tarifas que tiene en cuenta los gastos con los que Recology puede obtener un margen de ganancia objetivo. Sin embargo, no existe una lista completa y prescriptiva de gastos elegibles a la que hacer referencia al realizar este cálculo, lo que a su vez dificulta determinar la idoneidad de las ganancias reales de Recology.
- Los costos proyectados en la Solicitud de Tarifas de 2017 a menudo excedían considerablemente los costos reales de Recology. En particular, hubo variaciones significativas en los costos de nómina y los gastos corporativos proyectados y reales, lo que sugiere la necesidad de mejores controles de mitigación.
- Si bien existe un mecanismo para aumentar automáticamente las tasas debido a la inflación, no existe una cuenta de equilibrio ni un mecanismo comparable para frenar los beneficios excesivos.
- El fracaso de los reguladores en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de procesos de aplicación de tarifas anteriores provocó que problemas y preocupaciones históricas no se abordaran.
El alcance de la evaluación no incluyó períodos anteriores a 2017 ni transacciones de venta de propiedades completadas durante los últimos años, que pueden revisarse en futuras revisiones, informes y evaluaciones. Este es el décimo informe de la serie de Revisiones de Integridad Pública emitidas por la Oficina del Contralor en asociación con la Oficina del Fiscal de la Ciudad. Esta serie de Revisiones de Integridad Pública fue motivada por el arresto del ex Director de Obras Públicas Mohammed Nuru por cargos de defraudar a la Ciudad y al Condado de San Francisco al solicitar y aceptar sobornos a cambio de un trato favorable en la contratación de la Ciudad. El Contralor Rosenfield proporcionó la siguiente declaración: “Creo que, una vez implementadas, las recomendaciones descritas en nuestra evaluación ayudarán a garantizar que los contribuyentes estén adecuadamente protegidos en el futuro. La Ciudad debe comenzar a trabajar en un nuevo ciclo de tarifas lo antes posible para implementarlas. Mientras tanto, tengo la esperanza de que Recology comience a implementar nuestras recomendaciones y aplique estas ganancias excedentes para estabilizar las tarifas mientras se lleva a cabo el proceso de tarifas ".
“Además de los $101 millones que ya se recuperaron gracias al acuerdo de nuestra Oficina con Recology por los errores en su solicitud de tarifas de 2017, Recology debe hacer lo correcto para los contribuyentes cuando las proyecciones erróneas permiten ganancias muy por encima del margen permitido”, dijo el abogado de la ciudad David Chiu. “El proceso de fijación de tarifas debe ser transparente, preciso e incluir un mecanismo para conciliar los resultados reales con las proyecciones iniciales. Apoyo plenamente las recomendaciones del informe para mejorar los futuros procesos de fijación de tarifas y garantizar que los contribuyentes de San Francisco reciban un trato justo”.
Recology tiene su sede en San Francisco y brinda servicios de recolección de residuos a clientes residenciales y comerciales. Las relaciones e interacciones de Recology con los departamentos de la ciudad han sido objeto de evaluaciones anteriores en septiembre de 2020 , abril de 2021 y, más recientemente, en abril de 2022. Desde 2020, dos empleados de Recology, Paul Giusti y John Porter, han sido acusados a nivel federal de robo de servicios honestos, fraude y lavado de dinero por sobornar al Sr. Nuru a cambio de una acción oficial. Recology llegó a un acuerdo con la Fiscalía de los EE. UU. por $ 36 millones por los cuales admitió haber sobornado al Sr. Nuru y canalizado más de $ 150,000 al año a Obras Públicas a través de organizaciones no municipales "para obtener la asistencia oficial de Nuru con el negocio [de Recology]". Recology también llegó a un acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de San Francisco por más de $ 101 millones por errores relacionados con los ingresos por recolección de tarifas de basura. La Oficina del Contralor seguirá evaluando políticas y procedimientos seleccionados de la ciudad para evaluar su idoneidad para prevenir el abuso y el fraude. Los informes futuros evaluarán la adquisición y adjudicación del contrato de eliminación de residuos en el vertedero de Recology, los procesos de contratación de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco en relación con los cargos penales contra el ex gerente general Harlan Kelly y una descripción general de las normas y procedimientos éticos de toda la ciudad. Es posible que se realicen otras revisiones en vista de los problemas futuros identificados en la investigación en curso del Fiscal y Contralor de la Ciudad.
La Oficina del Contralor seguirá evaluando políticas y procedimientos seleccionados de la ciudad para evaluar su idoneidad para prevenir el abuso y el fraude. Los informes futuros evaluarán la adquisición y adjudicación del contrato de eliminación de residuos en el vertedero de Recology, los procesos de contratación de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco en relación con los cargos penales contra el ex gerente general Harlan Kelly y una descripción general de las normas y procedimientos éticos de toda la ciudad. Es posible que se realicen otras revisiones en vista de los problemas futuros identificados en la investigación en curso del Fiscal y Contralor de la Ciudad.
Consejos
Los investigadores de la Oficina del Contralor consideran todas las denuncias de irregularidades planteadas por empleados de la ciudad y miembros del público. Para denunciar presuntos abusos a la integridad pública relacionados específicamente con la investigación de Nuru, comuníquese con la Línea de denuncia de integridad pública. Puede proporcionar información por correo electrónico a publicintegrity@sfgov.org o por teléfono al (415) 554-7657. Todas las denuncias pueden enviarse de forma anónima y se mantendrán confidenciales. Los informes a esta línea de denuncia, así como las denuncias a la línea directa de denuncia de irregularidades del Contralor, son fundamentales para la capacidad de la Ciudad de luchar contra los abusos y las faltas de integridad pública por parte de los empleados y contratistas de la ciudad. Como lo establece la Carta de San Francisco, la Oficina del Contralor se asegura de que las denuncias sean investigadas por departamentos con la jurisdicción adecuada e independencia de la presunta irregularidad.
La información sobre los pagos de la ciudad, que se puede buscar por departamento y proveedor, está disponible en el sitio web de transparencia pública del Contralor en openbook.sfgov.org . Cualquier persona puede presentar cualquier denuncia de actividad pública indebida o ilegal ante el Programa de Denunciantes de la Ciudad . Ese programa, administrado por la Oficina del Contralor, a menudo colabora con la Oficina del Fiscal de la Ciudad en las investigaciones.