Contraloría publica evaluación de contratación de Obras Públicas como parte de Revisión de Integridad Pública

El contralor de la ciudad, Ben Rosenfield, anunció hoy la publicación de un informe de evaluación preliminar sobre la contratación de obras públicas . La evaluación, que es la primera de una serie de revisiones planificadas, establece recomendaciones para mejorar la transparencia, reducir el riesgo de fraude y salvaguardar los fondos públicos. Los resultados de cada revisión se pondrán a disposición del público para que haga comentarios, primero como informe de evaluación preliminar y luego como informe final. El informe de evaluación preliminar se escuchará en el Comité de Auditoría y Supervisión Gubernamental de la Junta de Supervisores.

El Procurador de la Ciudad continúa liderando la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por empleados y contratistas de la Ciudad descritas en los cargos penales presentados por la Fiscalía de los Estados Unidos contra Mohammed Nuru, ex Director de Obras Públicas; Nick Bovis, propietario de Lefty's Grill and Buffet en Fisherman's Wharf; Sandra Zuniga, ex Directora de la Oficina de Servicios Vecinales del Alcalde; Florence Kong, ex comisionada de la Comisión de Derechos de los Inmigrantes; Balmore Hernandez, director ejecutivo de la firma de ingeniería AzulWorks, Inc., una empresa con grandes contratos de la Ciudad; y Wing Lok "Walter" Wong, expedidor de permisos con numerosas entidades que hacen negocios con la Ciudad. La Fiscalía de la Ciudad ha centrado su investigación en la mala conducta de los empleados y contratistas de la Ciudad, así como en cualquier recurso para decisiones o contratos específicos contaminados por conflictos de intereses u otras violaciones legales o de políticas.

Mientras la investigación del Procurador de la Ciudad continúa, la Oficina del Contralor está llevando a cabo una revisión por fases del entorno de control más amplio diseñado para prevenir violaciones de la ley local y publicará evaluaciones sobre una variedad de políticas y prácticas de la Ciudad derivadas de la investigación del Procurador de la Ciudad. Esta primera evaluación cubre las actividades de contratación en Obras Públicas. Se centra en cada uno de los métodos de adquisición que Obras Públicas utiliza para seleccionar proveedores y adjudicar contratos por sí mismo o con la asistencia de la Oficina de Administración de Contratos cuando corresponda. Estos métodos incluyen adquisiciones estándar, de oferta baja y otras permitidas por el código de la ciudad, incluido el uso de grupos precalificados de proveedores elegibles, adquisiciones de emergencia y otros métodos permitidos.

“Nuestro trabajo es garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el comportamiento ético que se les debe a los habitantes de San Francisco en lo que respecta a la prestación de los servicios municipales y el uso de sus impuestos”, dijo Rosenfield. “En términos simples, la Oficina del Contralor está tratando de rectificar las malas políticas y prácticas que socavan esos objetivos”.

“Es nuestro deber asegurar que los habitantes de San Francisco tengan un gobierno en el que puedan confiar”, dijo el fiscal municipal Dennis Herrera. “La Fiscalía de la Ciudad está enfocada en erradicar a los malos actores, recuperar ganancias ilícitas y evitar que contratistas poco éticos hagan negocios con la Ciudad. No nos detendremos hasta llegar al fondo de este asunto. No hay lugar para el beneficio propio ni para los abusos de la confianza pública en el gobierno de San Francisco”.

Dado el abrumador interés público en este asunto, el Procurador de la Ciudad proporcionará actualizaciones públicas periódicas sobre los componentes de su investigación. Pero existen límites estrictos a lo que el Contralor y el Procurador de la Ciudad pueden divulgar públicamente. Por ejemplo, cualquier informe público que revele declaraciones obligatorias hechas por un empleado como parte de una investigación interna podría empañar cualquier proceso penal contra ese empleado. Debido a que una condena penal es un requisito previo para la pérdida de una pensión de la Ciudad, así como una ayuda significativa en cualquier proceso de inhabilitación de un contratista cómplice de la Ciudad, la Ciudad tiene todo el interés en preservar la integridad de estos procesos penales.

Nuestras conclusiones clave

• Obras Públicas adjudicó 366 contratos por un valor de $1.4 mil millones entre julio de 2017 y marzo de 2020. Encontramos debilidades en los enfoques de adquisiciones de varios departamentos y de toda la ciudad, concentradas en varios métodos de contratación, que crean riesgos de abuso y fraude.
• El Departamento de Obras Públicas adjudicó 15 contratos por un valor de 25 millones de dólares a través de un proceso de contratación permitido por el código para agilizar la adquisición de servicios para personas sin hogar. Siete de estos contratos, por un valor de 10 millones de dólares, se adjudicaron sin un proceso de selección discernible y corren el mayor riesgo de fraude o abuso en el proceso de adjudicación.
• Durante el período de revisión, Obras Públicas estableció 114 contratos por un valor de $151 millones mediante el uso de fondos precalificados. Procedimientos más estrictos en toda la ciudad que requieren una selección competitiva en fondos precalificados como estos minimizarían los riesgos de fraude en todos los departamentos de la ciudad.
• El Director interino de Obras Públicas ha puesto en marcha nuevos procedimientos para controlar mejor las actividades de alto riesgo. Esos controles deben continuar y, en algunos casos, promoverse en toda la ciudad.
• Las lagunas en las restricciones municipales y estatales sobre la solicitud y recepción de obsequios pueden permitir un comportamiento poco ético y la manipulación a través de la entrega de obsequios.
• Es necesario abordar las deficiencias en el seguimiento de las actividades de compra a nivel de la ciudad, dada la descentralización impulsada por códigos de algunos métodos de contratación y la falta de sistemas efectivos a nivel de la ciudad para monitorear estas actividades.
• Ningún entorno de control puede controlar todos los riesgos creados por un mal actor, en particular en una posición de liderazgo. A lo largo de nuestra revisión, encontramos fallas significativas en el “tono desde arriba” creado por el Sr. Nuru que proporcionó la presión, la racionalización y la capacidad para llevar a cabo actos poco éticos e inaceptables.

Recomendaciones para corregir políticas y procesos inadecuados

• Para mejorar las garantías de contratación, el alcalde debería revocar una delegación anterior de 2011 que otorgaba al director de Obras Públicas la autoridad final para aprobar los contratos del departamento. El alcalde y la Junta de Supervisores deberían modificar la ley municipal para prohibir este tipo de delegación en el futuro.
• Para minimizar el riesgo de manipulación de contratos, la Junta debería adoptar leyes que exijan procesos de selección competitivos dentro de grupos de contratistas precalificados.
• Para crear reglas más claras sobre las partes del proceso de adquisiciones propensas a riesgos, la Ciudad, ya sea a través de modificaciones al código o políticas, debe crear requisitos claros, incluidos cronogramas mínimos para extensiones de licitación y el papel de los gerentes de proyectos y administradores de contratos en el proceso de adquisiciones.
• Para garantizar que los fondos de la Ciudad se asignen en un proceso justo y transparente, el Alcalde y la Junta deberían adoptar leyes que exijan una licitación competitiva para las subvenciones, comparables a los requisitos para los contratos. 
• La Comisión de Ética debería examinar y cerrar las lagunas en el Código de Conducta Gubernamental y de Campaña de San Francisco para garantizar que la legislación de la ciudad no cree vías para un comportamiento poco ético en la aceptación de obsequios por parte de empleados y funcionarios de la ciudad.
• Para garantizar la supervisión pública y la transparencia, la Comisión de Ética debería exigir que todas las Declaraciones de Intereses Económicos (Formularios 700) se presenten electrónicamente y debería realizar revisiones anuales de cumplimiento de dichas presentaciones.
• Para mejorar el control y la transparencia, la ciudad debería exigir el uso de su sistema central de compras para los procesos de contratación. Para alcanzar ese objetivo, el sistema debe mejorarse para satisfacer mejor las necesidades del departamento.
• La Ciudad debe cerrar las brechas en el monitoreo centralizado de todas las actividades de adquisiciones fortaleciendo y otorgando recursos a la Oficina de Administración de Contratos u otra entidad para la supervisión a nivel de toda la ciudad de todas las actividades de compras de la Ciudad.

¿Qué pasa después?

Nuestra Revisión de Integridad Pública de las políticas y procedimientos inadecuados expuestos en la investigación de Nuru continuará, con futuras evaluaciones sobre: el uso de organizaciones “amigas” en la Ciudad; prácticas éticas en las decisiones de adjudicación de contratos en el Aeropuerto y otras comisiones; el diseño y la aplicación del proceso de inhabilitación de contratistas de la Ciudad; el proceso de permisos del Departamento de Inspección de Edificios; y otras cuestiones. Esas evaluaciones se publicarán en fases a medida que avance nuestro trabajo en los próximos meses, y se agregarán temas adicionales a medida que avance la investigación.

Consejos

Los investigadores de la Oficina del Contralor consideran todas las denuncias de irregularidades planteadas por empleados de la ciudad y miembros del público. Para denunciar presuntos abusos a la integridad pública relacionados específicamente con la investigación de Nuru, comuníquese con la Línea de denuncia de integridad pública. Puede proporcionar información por correo electrónico a publicintegrity@sfgov.org o por teléfono al (415) 554-7657. Todas las denuncias pueden enviarse de forma anónima y se mantendrán confidenciales. Las denuncias a esta línea de denuncia, así como las denuncias a la línea directa de denuncia de irregularidades del Contralor, son fundamentales para la capacidad de la Ciudad de luchar contra los abusos y las faltas de integridad pública por parte de los empleados y contratistas de la ciudad. Como lo establece la Carta de San Francisco, la Oficina del Contralor se asegura de que las denuncias sean investigadas por departamentos con la jurisdicción adecuada e independencia de la presunta irregularidad.

La información sobre los pagos de la ciudad, que se puede buscar por departamento y proveedor, está disponible en el sitio web de transparencia pública del Contralor en openbook.sfgov.org . Cualquier persona puede presentar cualquier denuncia de actividad pública indebida o ilegal ante el Programa de Denunciantes de la Ciudad . Ese programa, administrado por la Oficina del Contralor, a menudo colabora con la Oficina del Fiscal de la Ciudad en las investigaciones.