Tras el arresto y la sentencia del ex director general, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco recibe recomendaciones para priorizar la cultura y el tono organizacionales desde la cima

SAN FRANCISCO, CA — La última evaluación de la serie de integridad pública del Contralor y el Fiscal de la Ciudad analiza tres adquisiciones de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC) que fueron objeto de una investigación penal federal. El ex gerente general de la SFPUC, Harlan Kelly, quien supervisó los contratos en esta evaluación, fue sentenciado el 18 de marzo de 2024 a cuatro años de prisión por fraude bancario de servicios honestos, fraude bancario y conspiración.

La Oficina del Contralor y la Oficina del Fiscal de la Ciudad concluyeron que, si bien se pueden hacer algunas mejoras, el abuso de los procesos de la Ciudad fue causado por una conducta corrupta deliberada y un desafío a las reglas, en lugar de controles inadecuados o personal cómplice de la SFPUC. El ex gerente general de la SFPUC, Kelly, abusó de su posición de poder y socavó la integridad de las adquisiciones de la Ciudad, a pesar de las reglas existentes sobre la aceptación de obsequios, la concesión de ventajas a los proveedores, la divulgación de relaciones que podrían plantear un posible conflicto de intereses y la celebración de contratos sin un proceso competitivo. Bajo el nuevo liderazgo, la SFPUC informa que ha fortalecido sus controles internos y su entorno ético.

“Podemos tener las políticas más completas e infalibles, pero sólo son tan infalibles como las personas encargadas de hacerlas cumplir”, dijo el contralor Greg Wagner . “Nadie está por encima de las reglas, independientemente de la antigüedad, el grado de influencia o cualquier otro factor, y los tribunales así lo han determinado. Este caso demuestra lo importante que es el tono desde arriba y lo fundamental que es fomentar culturas en el lugar de trabajo donde el personal esté facultado para hablar cuando vea señales de alerta en cualquier nivel”.

“Esta conducta ilegal erosiona la confianza pública y socava el trabajo que realizan miles de servidores públicos de San Francisco todos los días”, dijo el abogado de la ciudad David Chiu . “No hay lugar en el gobierno de la ciudad para la corrupción o el interés propio. Nuestras oficinas siguen comprometidas a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la corrupción en nuestra ciudad y erradicar a quienes abusan de la confianza pública.

Como recomendación complementaria para fomentar una cultura organizacional ética de transparencia y restringir la capacidad de la alta dirección de anular las políticas departamentales y municipales, la Oficina del Contralor está fomentando una educación más regular sobre el Programa de Denunciantes y las protecciones que brinda. El Programa de Denunciantes, administrado por la Oficina del Contralor, es fundamental para la capacidad de la Ciudad de luchar contra los abusos y las faltas de integridad pública por parte de los empleados y contratistas de la ciudad. Como lo establece la Carta de San Francisco, la Oficina del Contralor garantiza que las denuncias sean investigadas por departamentos con la jurisdicción apropiada e independencia de la presunta irregularidad. Cualquier persona puede presentar cualquier denuncia de actividad pública indebida o ilegal ante el Programa de Denunciantes de la Ciudad.

Desde que se presentaron los cargos de corrupción contra el exdirector de Obras Públicas Nuru en enero de 2020, la Fiscalía de los Estados Unidos ha acusado penalmente a otros 18 empleados y contratistas de la ciudad. Las evaluaciones futuras de la Oficina del Contralor y la Fiscalía de la Ciudad incluyen una actualización sobre el estado de los contratos de la Ciudad con entidades suspendidas afiliadas a Dwayne Jones y una revisión de los procesos relacionados con la solicitud de subvenciones, el seguimiento y la supervisión.